Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Junta de Gobierno y Administración.

ACUERDO G/JGA/4/2012

ADHESION AL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Acuerdo General G/JGA/4/2012 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece la adhesión del mismo al “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes”, de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

CONSIDERANDO

Primero. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, de conformidad con el Artículo 73 fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionado con el diverso 1 de la Ley Orgánica del mismo;

Segundo. Que el artículo 133 de la Carta Magna establece que la Constitución Política, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión, e impone la obligación a los juzgadores de arreglarse a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber;

Tercero. Que el numeral 1 de la misma Constitución dispone que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos deben ser interpretadas de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; por lo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;

Cuarto. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y; que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas
a la niñez;

Quinto. A este respecto, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”; y en ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 abunda en los siguientes términos:

“Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Sexto. A este respecto, la ley reglamentaria del artículo 4 Constitucional, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha dado contenido al Principio de Interés Superior del Niño, estableciendo que con base en el mismo, las normas aplicables a los menores de 18 años, deben entenderse dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social;

Séptimo. Ahora bien, el veintitrés y veinticuatro, ambos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, el Estado Mexicano adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Organización de Naciones Unidas; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, respectivamente; integrándose de esta manera a un movimiento internacional volcado, ya no tan sólo en el reconocimiento de derechos inherentes al hombre, sino ahora pujante por un respeto eficaz de los mismos;

Esto, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte de un proceso de codificación en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tendente a la definición del estándar mínimo de protección de los derechos humanos, de manera que los estados parte, garanticen el eficaz cumplimiento de los derechos reconocidos, como lo autorizan a concluir los artículos 2, 8 y 25, entre otros, de dicha Convención;

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, significó en el Sistema de Derecho Internacional Universal, un cambio cualitativo en el tratamiento de los Derechos Humanos, ya que se trata de un instrumento convencional que impuso obligaciones directamente vinculantes para los estados parte, tendentes a hacer efectivos los derechos humanos reconocidos, tal como lo autoriza a concluir el contenido de dicho tratado, en específico sus numerales 2, 9 y 14;

Octavo. Es así, que este sistema internacional de protección de derechos humanos al que se adhirió México, presentaba la novedad de considerar al individuo como un valor autónomo de la Sociedad Internacional, que por tanto se convierte en un bien protegible en sí mismo, de tal manera que la garantía del disfrute efectivo de los derechos humanos se convierte en el objetivo inmediato y único de los sistemas de protección internacionales;

Noveno. En este orden de ideas, de una interpretación armónica de los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y; del artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace necesario concluir que las políticas públicas que mandata la Constitución en protección de la niñez para una efectiva protección de sus derechos en su condición particular, son un imperativo también para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

Lo anterior, pues en un Estado Democrático y de Derecho, es a través del ordenamiento jurídico que los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas públicas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar del mismo Estado, siendo que la actividad esencial de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo es el dictar el derecho que a cada justiciable corresponde, de conformidad con el ordenamiento jurídico de su competencia, con fuerza vinculatoria para las partes y para el propio juez Estado;

Décimo. Resultando que en esta fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes”, y;

Undécimo. Dado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuenta con autonomía técnica y de gestión; que esta Junta de Gobierno y Administración tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional del Tribunal, para lo cual tiene la facultad de emitir los acuerdos que corresponda para el buen funcionamiento del mismo; y por lo expuesto;

Este Organo Colegiado, respetando el principio de independencia jurisdiccional de los Magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en los artículos 1 y 73 fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 39, 40 y 41 fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los diversos 46 y 47, del Reglamento Interior del mismo Tribunal, emite el siguiente:

ACUERDO

Artículo 1. La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el principio de independencia jurisdiccional de los Magistrados de este Tribunal, se adhiere al “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 2. El “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes”, es para los Magistrados de este Tribunal, una herramienta de apoyo en la instrucción de los juicios en los que exista el interés de un menor.

Artículo 3. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Tribunal.

Dictado en sesión de dos de febrero de dos mil doce.- Firman el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el licenciado Gibrán Miguel Castañeda de la Cruz, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe; con fundamento en los artículos 30 fracción XV, 52 fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los artículos 16 fracción VI, 78 fracciones VIII y XI, y 103, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Rúbricas.

(R.- 344894)

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