Han pasado ya más de 10 años de las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”) referentes al régimen de precios de transferencia, en la cual se adicionó la fracción XV del artículo 86 del citado ordenamiento, que establece claramente la obligación para contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas (sin hacer distinción si dichas entidades vinculadas son residentes para efectos fiscales en México o el extranjero) a pactar sus precios o montos de contraprestación en base a lo que terceros independientes hubiesen acordadobajo circunstancias de negocios similares.

Mucha tinta se ha regado ya en este sentido y no es el objetivo de esta reflexión el generar un debate sobre la legalidad y constitucionalidad de este punto, pues la gran mayoría de los contribuyentes y especialistas en la materia concluyen sobre la razonabilidad que tiene la autoridad fiscal al solicitar el cumplimiento de esta obligación por situaciones que involucran el cuantificar de manera correcta los impactos financieros y fiscales que pueden estar sujetas a manipulaciones artificiales detonados por incentivos económicos dentro de un mismo grupo.

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