CREDITOS

 

A lo largo del tiempo, el Sistema Financiero bancario de nuestro país ha ido flexibilizando sus políticas para el otorgamiento de créditos a través de tarjetas revolventes de bajo alcance. Con los efectos de la inflación y el poco o casi nulo incremento a los salarios de la población activa, la utilización de créditos bancarios se ha convertido prácticamente en una necesidad para la vida diaria.

Pero, ¿qué pasa con aquéllos trabajadores que se endeudan con estas tarjetas más de lo que ganan? Al respecto el artículo 107 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), señala que si en el año de calendario se realizan erogaciones superiores a los ingresos declarados, las autoridades fiscales podrán presumir que existe discrepancia fiscal.

Para realizar la comprobación de los gastos superiores a los ingresos declarados, la autoridad solicita a los bancos información relativa al nombre del cuentahabiente, su RFC, su CURP, el límite de crédito de la tarjeta y los montos de los pagos mensuales realizados sin importar la forma.

Una vez que la autoridad ha realizado dicha comprobación, procede a informarle al contribuyente el resultado al que llegó con la información proporcionada por el banco. Acto seguido, el contribuyente tiene 15 días para inconformarse o para explicar el origen de la discrepancia y 20 días más para ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.

Si en ese lapso, el contribuyente no se inconforma o no comprueba el origen de la discrepancia, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) procede a determinar los ingresos y formular la liquidación respectiva.

Ahora bien, para que la autoridad obtenga de los bancos la información comentada, es necesario que les soliciten por escrito, fundamentando las razones de la petición y el uso que le darán a los datos que les proporcionen. En este sentido, existe un pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el procedimiento y fundamentación legal que utiliza la autoridad para solicitar la información de los cuentahabientes, en donde se ha promulgado que estos actos violan la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución.

FISCALIZACIÓN. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 42-A (VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA PLANEAR Y PROGRAMAR LOS ACTOS RELATIVOS, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La garantía de seguridad jurídica que se contiene en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal implica, en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin embargo, el legislador no puede facultar a cualquier autoridad para emitir todo tipo de actos de molestia, sino que está obligado a hacerlo dentro de las facultades y límites que impone el marco jurídico al que debe sujetarse cada autoridad, en función de las obligaciones que correlativamente tienen los gobernados; de ahí que tratándose de las autoridades fiscales, el legislador sólo puede facultar a éstas para emitir los actos de molestia que, en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir para los gastos públicos, tiendan a verificar su cumplimiento, pues sólo en relación con ésta se justifican sus facultades e incluso su existencia. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el referido artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación, al facultar a las autoridades fiscales para solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, con el fin de planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo 48 del propio código y sin que tal solicitud signifique que las citadas autoridades estén iniciando el ejercicio de sus facultades de comprobación, viola la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque el citado artículo 42-A permite que el contribuyente sea molestado por las autoridades fiscales, sin que el acto de molestia guarde relación alguna con su obligación de contribuir a los gastos públicos. Esto es, si las facultades de las autoridades fiscales sólo se justifican en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos públicos y si la solicitud de datos, informes o documentos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no está encaminada a verificar el cumplimiento de esa obligación, resulta inconcuso que el aludido artículo 42-A del código tributario es violatorio de la mencionada garantía de seguridad jurídica.

Amparo en revisión 481/99. Ford Motor Company, S.A. de C.V. 13 de julio de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo en revisión 1378/99. Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. 13 de julio de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy 5 de septiembre en curso, aprobó, con el número CLV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, DF, a 5 de septiembre de 2000.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, p. 25, Materia Constitucional, Administrativa, Tesis Aislada P. CLV/2000, número de registro 191113, septiembre de 2000.

Pese a lo anterior, la experiencia nos demuestra que la autoridad se sigue allegando de información a través de terceros, principalmente los pertenecientes al Sistema Financiero Bancario, por lo que es importante cuidar, para efectos fiscales, el nivel de gasto a través de tarjetas de crédito y financieramente, el nivel de endeudamiento que nuestro salario nos permite, primero para no caer en discrepancia fiscal y segundo para mantener nuestra economía en equilibrio.


C.P. DIANA VALLADARES
ARTICULO REALIZADO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADESPARA LA MAESTRIA EN IMPUESTOS
UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON.

SIENDO CATEDRATICO   MIGUEL CHAMLATY.

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