Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracciones X, X Bis y XXXVI de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 12, 15, fracción IX, 42, fracción I y 61 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que con motivo del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se modificaron, entre otros ordenamientos, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual se adicionó la facultad para certificar a los oficiales de cumplimiento, así como a los auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas,en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quátero 400 Bis, del Código Penal Federal;
Que en el mismo sentido, se previó además que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores certifique a auditores y otros profesionales, a efecto de que coadyuven con la propia Comisión cuando los contrate para la verificación del cumplimiento de las leyes y disposiciones antes mencionadas. Dicha contratación no implica una sustitución o delegación de las funciones de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
Que la certificación tiene por objeto constatar, a una fecha determinada, que las personas que realizan la verificación antes descrita cuentan con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional;
Que de esta forma, la certificación será un mecanismo de control idóneo que brindará confianza no sólo a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino que además contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero, en la medida en que se cumplirán de una mejor forma las obligaciones relativas a la materia;
Que será necesaria la renovación de la certificación, a efecto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores constate la actualización en los conocimientos de las personas o profesionales antes indicados, y Que el éxito de los controles y procedimientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, depende no sólo del dominio de los conocimientos que se acreditarán con la certificación, sino de que los profesionales que la obtengan realicen sus funciones en forma eficaz y eficiente, con diligencia y honestidad, ha resuelto expedir las siguientes:
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
INDEPENDIENTES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Comisión certifique a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten sus servicios en las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

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