Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1, 4, 9, 10, 11, 16 al 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 42, 43, 47 y 49 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales;

Que los artículos 25, último párrafo y 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que se alentará la actividad económica que realicen los particulares para que ésta contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable, que incluya vertientes sectoriales y regionales en el marco de la planeación nacional del desarrollo;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en su meta México Próspero, prevé que se buscará elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de las familias, para lo cual se establece como una de sus líneas de acción la implementación de una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales; el desarrollo de capital humano innovador; el impulso de sectores estratégicos de alto valor; el desarrollo y promoción de cadenas de valor en dichos sectores, y el apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico;

Que el 1 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población;

Que las Zonas Económicas Especiales son consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional, que permitirán concentrar en ciertas áreas geográficas con potencial productivo y logístico, los recursos de los sectores público, privado y social, en acciones que fomenten el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en las regiones del país con mayor pobreza;

Que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales confiere diversas atribuciones en materia de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación de dichas Zonas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán las facultades para resolver sobre los asuntos que se les encomienden, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

Que resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con un órgano desconcentrado de carácter especializado para llevar a cabo la ejecución de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en el ámbito administrativo, he tenido a bien expedir el siguiente

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