Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previa opinión del Comité Interinstitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, fracciones I, II y III, 19, fracción IV, 36, fracción IV, 39, fracciones V, VI, XI, XII y XVI, 41, 44, 45, 48, primer párrafo, 49, primer párrafo, 54 y 64 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; 4, fracciones XXXVI y XXXVIII, 16, fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

CONSIDERANDO

Que en atención al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria y con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de las presentes disposiciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, reformó las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa para flexibilizar un criterio de contabilidad y establecer como escenario fortuito que estas entidades financieras puedan considerar, para vender o reclasificar los títulos conservados a vencimiento, el deterioro de la calificación de crédito del emisor, así como el cambio de leyes fiscales que afecten el tratamiento impositivo de los rendimientos del instrumento y, por ende, su valor;

Que el 9 de marzo de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”;

Que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera incorpora en el marco del sistema financiero nacional a las instituciones de tecnología financiera al tiempo de facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir disposiciones de carácter general, bajo los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera y neutralidad tecnológica y que dichas disposiciones se refieren a materias diversas tales como requisitos para la autorización para actuar como institución de tecnología financiera, capitales mínimos, contabilidad, excepciones para recibir recursos en efectivo o efectuar o recibir transferencias nacionales o internacionales, mandatos y comisiones para cuestiones operativas respecto de las actividades de las instituciones de financiamiento colectivo, autorizaciones para obtener financiamiento a fin de destinar los recursos a los esquemas para la alineación de incentivos de las instituciones de financiamiento colectivo, constancias sobre riesgos, metodologías sobre la asignación del grado de riesgo a los solicitantes de recursos en instituciones de financiamiento colectivo y plan de continuidad de negocio, entre otras;

Que a fin de contar con regulación oportuna para las instituciones de tecnología financiera, el Decreto referido estableció plazos para que la Comisión expidiera la normatividad que les resultará aplicable y que en atención a tal mandato, así como a los referidos principios contenidos en la Ley, se emiten las disposiciones que permitirán, por un lado, contar con un marco normativo claro que otorgue certeza jurídica a los participantes, fomentando el crecimiento de las instituciones de tecnología financiera y a la par salvaguardar los intereses de sus clientes de estas y del sistema financiero en su conjunto;

Que de esta forma, se establece la información y documentación que deberán presentar los solicitantes que pretendan mantener una participación en el capital social de las instituciones de tecnología financiera, así como la relativa al administrador único o consejeros y director general, incluyendo la situación patrimonial y el origen de los recursos para el caso de accionistas, al igual que aquella que permita verificar la honorabilidad, historial crediticio y de negocios satisfactorio de todas las personas ya referidas; asimismo, se determinan los requisitos para aquellas personas o vehículos de inversión que pretendan adquirir u otorgar en garantía títulos representativos del capital social de las entidades financieras mencionadas;

Que adicionalmente, se fija el monto de capital mínimo para las instituciones de tecnología financiera, tomando en cuenta el tipo de operaciones que les sean autorizadas, así como las actividades adicionales que pretendan llevar a cabo y los riesgos que enfrenten;

Que en atención a que actualmente existen sociedades que realizan actividades de las reservadas por la referida Ley y que permiten la recepción y entrega de recursos en efectivo, así como transferencias de recursos con personas distintas a las entidades financieras, se establece un procedimiento sencillo a fin de continuar incentivando el sector de las instituciones de tecnología financiera sin obstaculizar sus operaciones, precisando los límites y condiciones necesarios para que las propias instituciones de tecnología financiera sigan recibiendo recursos en efectivo y realicen las transferencias señaladas, pero cuidando en todo momento la congruencia de estas disposiciones con aquellas que se establecen para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

Que a fin de contar con información financiera transparente, confiable y comparable, en beneficio tanto de las propias instituciones de tecnología financiera, como de las funciones de supervisión que realizará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de dichas entidades, y del público en general, se establecen los criterios de contabilidad específicos aplicables a estas instituciones que son acordes con el tipo de operaciones que llevan a cabo, incluso tratándose de aquellas realizadas con activos virtuales; tales criterios de contabilidad reconocen, en lo general, las normas de información financiera expedidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera para las operaciones no especializadas de las instituciones de tecnología financiera y respecto de las particulares, la Comisión desarrolló criterios específicos;

Que en este mismo orden de ideas, se especifica el tratamiento relacionado con la preparación de información financiera que haga consistente la aplicación de los criterios de contabilidad con la elaboración y formulación de los estados financieros y su envío a la Comisión;

Que es indispensable, en beneficio de los inversionistas de las instituciones de financiamiento colectivo, establecer las características mínimas que deberán contener las constancias electrónicas de conocimiento de riesgos que tales instituciones deberán obtener de ellos, lo que redundará en que conozcan de manera clara los riesgos a que se encontrará sujeta su inversión;

Que se estima necesario prever los requisitos que deberán observar las instituciones de financiamiento colectivo para dar cumplimiento a las obligaciones de establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas los criterios aplicados para la selección de los solicitantes y de los proyectos objeto de financiamiento, la información y documentación que se analiza para tales efectos, las actividades que se realizan para verificar la veracidad y autenticidad de dicha información y documentación, así como para emitir los elementos mínimos que contendrán las metodologías de evaluación y calificación de los solicitantes y proyectos, a fin de determinar sus riesgos, lo que traerá como consecuencia una prestación de servicios más trasparente;

Que es conveniente establecer los límites para la realización de operaciones en las instituciones de financiamiento colectivo, tomando en consideración la regulación aplicable a otras figuras del sistema financiero, incluso el monto de aquellas emisiones de valores de capital inscritas en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los principios contenidos en la propia Ley relativos a la innovación, la competencia y la inclusión financiera, por lo que en atención a ello, se determinan los límites que deberán observar las instituciones de financiamiento colectivo respecto de los recursos que podrán destinar los inversionistas en cada operación de financiamiento y aquellos que podrán requerir los solicitantes o proyectos a través de las referidas instituciones, fomentando con ello el crecimiento de estas y que se evite la colocación de recursos sin los mismos estándares que los aplicables a otras que realizan actividades similares, en protección de los intereses del público inversionista;

Que igualmente a fin de procurar una adecuada, transparente y equitativa prestación de servicios por parte de las instituciones de financiamiento colectivo, otorgando mayor certeza y seguridad jurídica a las operaciones, se señalan los términos para la ejecución de los mandatos y comisiones que realicen, a fin de que sus clientes lleven a cabo las operaciones, particularmente respecto de aquellos que se utilizarán para la reinversión de los recursos, la cobranza extrajudicial de los financiamientos otorgados y la representación de los inversionistas en asambleas u otro órgano de decisión colegiada de los solicitantes;

Que toda vez que la infraestructura utilizada por las instituciones de financiamiento colectivo es tecnológica y susceptible de presentar fallas por situaciones o eventos no previstos, resulta necesario prever la obligación de tener un plan de continuidad de negocio que se deberá implementar en situaciones de contingencia, a fin de contar con estándares mínimos que reduzcan los riesgos a que están expuestas, proporcionando mayor certeza jurídica a sus operaciones y a sus clientes, considerando las lecciones aprendidas con motivo de situaciones de emergencia en México y en otros países, y

Que resulta oportuno expedir un solo instrumento jurídico que contenga las disposiciones aplicables a las instituciones de tecnología financiera, sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo al que las mencionadas instituciones deberán sujetarse en el desarrollo de sus operaciones, lo que también habrá de facilitar la consulta, cumplimiento y observancia de las disposiciones que les resultan aplicables, ha resuelto expedir las siguientes:

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